“Hecha la ley, hecha la trampa” dice el dicho y bien podríamos aplicar esta frase al reciente fallo contra Google (Alphabet-A) y Meta (Facebook) sobre la dependencia peligrosa de las redes sociales. Pero este asunto se encuentra de frente con la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la cual protege a las firmas y las exime de toda responsabilidad de los efectos que pueda tener sobre los usuarios.
Lo que podría transformar este fallo en una discusión judicial hacia la Corte Suprema y una política que podría llegar al Congreso y centrar un precedente a favor o en contra del sector, según Daniel Howley en Yahoo Finance.
Los miembros del jurado afirmaron que Meta y YouTube sabían que el diseño de sus plataformas era peligroso, que los usuarios no se darían cuenta del peligro y que las empresas no advirtieron sobre él, algo que una plataforma razonable sí habría hecho.
También otorgaron a las demandantes, una mujer de 20 años identificada en los documentos legales como K.G.M., y a su madre, Karen, 6 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos. Tanto Alphabet, la empresa matriz de Google, como Meta han anunciado que apelarán.
La demanda se considera un posible punto de inflexión, ya que padres, distritos escolares y estados están preparando miles de demandas similares contra las dos compañías. Sin embargo, los expertos señalan que el proceso de apelación durará meses y planteará interrogantes sobre la protección de la libertad de expresión, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Una victoria para los demandantes en dicha corte podría ser desastrosa para Meta y Alphabet, además de generar serias dudas sobre la libertad de expresión en internet. Pero si las compañías prevalecen, podría cerrar la puerta a la estrategia que los abogados de los demandantes emplearon en su demanda.
El camino a seguir y las preocupaciones sobre la libertad de expresión
La demanda por adicción a las redes sociales es importante porque se considera un precedente para futuros casos contra Meta, Google y otras empresas como TikTok y Snap-A.
El caso, conocido como JCCP 5255, alega que el uso de redes sociales por parte de K.G.M., que comenzó cuando tenía 10 años, la llevó a una "dependencia peligrosa de (los productos de las compañías de redes sociales), ansiedad, depresión, autolesiones y dismorfia corporal".
Tradicionalmente, los críticos se han opuesto al contenido que alojan las plataformas sociales, argumentando que es peligroso y perjudicial para los usuarios más jóvenes. Sin embargo, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones protege a las empresas de internet de ser consideradas responsables por alojar contenido de usuarios y por realizar esfuerzos de buena fe para moderar el contenido que consideran objetable.
Esta ley ha provocado la indignación tanto de republicanos como de demócratas en el pasado. Los republicanos argumentan que permite a las empresas censurar voces de derecha, mientras que los demócratas afirman que facilita la difusión de desinformación.
En el pasado, los tribunales se han puesto mayoritariamente del lado de las redes sociales y las empresas de internet en relación con la Sección 230. No obstante, los abogados de los demandantes en el juicio de Los Ángeles centraron sus argumentos en el diseño de las plataformas sociales, incluyendo funciones como el desplazamiento infinito, los "me gusta" y las notificaciones, lo que derivó en el veredicto del miércoles.
Timothy Edgar, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, declaró a Yahoo Finance que espera que las empresas de redes sociales presenten una impugnación del veredicto amparándose en la Primera Enmienda, argumentando que sus algoritmos y sus decisiones de diseño constituyen una forma de expresión. Edgar explicó que permitir que el veredicto se mantenga tal cual y responsabilizar a las empresas por ese tipo de decisiones de diseño podría tener un efecto disuasorio en internet en general.
“Por supuesto, nos alegra que tal vez las empresas tecnológicas tengan incentivos para ser más responsables. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Significa que diseñarán sus servicios para que la gente no hable de temas controvertidos y así estén mucho más controlados?”, dijo Edgar.
“Me preocupa que recordemos principios del siglo XXI como una época con mucha más libertad en línea que la que podríamos tener en los próximos cinco o diez años”, añadió Edgar.
Eric Talley, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, afirma que la aplicabilidad del artículo 230 a la demanda podría llevar el caso a la Corte Suprema.
“Esto representa un giro interesante en la teoría de la parte demandante… un intento deliberado de eludir la prohibición (relativa al contenido) que establece la Sección 230”, afirmó Talley.
“Por lo tanto, existe la posibilidad de que, según la ley federal, esto se considere un intento inadmisible de eludir (la Sección 230). Y si esto es cierto, entonces básicamente se desestimarían las demandas de California y de cualquier otro estado basadas en esta teoría”, añadió Talley.
Si Meta y Google perdieran ante la Corte Suprema, y el diseño de sus plataformas no estuviera protegido por la Sección 230, Talley señala que podríamos ver a miembros del Congreso ampliar la ley para que lo haga.
De no ser así, Meta y Google podrían modificar el diseño de sus plataformas para abordar los problemas planteados en la demanda de Los Ángeles.
Las empresas de redes sociales se enfrentan a presiones a nivel mundial, ya que los reguladores buscan maneras de abordar las preocupaciones sobre el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes y su impacto en la salud mental.
Australia ya ha prohibido el uso de redes sociales a menores de 16 años y, según Reuters, otros países han seguido su ejemplo. Brasil, por ejemplo, prohíbe funciones como el desplazamiento infinito. Otros países también prohíben el uso de redes sociales por parte de adolescentes o están elaborando leyes para hacerlo.
Quienes se oponen a estas prohibiciones argumentan que limitan el acceso de los adolescentes a la información en la web y les impiden conectar con comunidades y grupos de apoyo que podrían beneficiar su salud mental.
Las prohibiciones también plantean cuestiones complejas sobre la privacidad en línea, como si los usuarios identificados erróneamente como adolescentes deben usar documentos de identidad oficiales para verificar su edad real.
Las decisiones sobre estos temas y otros más serán cruciales para el mundo digital a medida que comience el proceso de apelación en el juicio de Los Ángeles y se desarrollen otros casos. Y la situación dista mucho de ser clara.
