"A algunos países latinoamericanos les cuesta percibir los beneficios de la inversión privada"

Repsol YPF ha tenido que afrontar en los últimos años la nacionalización del sector de hidrocarburos y las subidas de impuestos a su producción decretadas en Bolivia por el Gobierno de Evo Morales. En Venezuela, el Gobierno decretó el final de los denominados Convenios Operativos con las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país y, a partir de 2006, obligó a las empresas a constituir sociedades en las que la estatal PDVSA tiene la mayoría del capital. Adicionalmente, Ecuador ha acordado este año imponer una tasa para quedarse con el 99% de las ganancias extraordinarias de las petroleras. Antonio Brufau reclamó una definición "clara" de la combinación de lo público y lo privado para que la acción social en las economías de mercado "se entienda bien en todos los países". Los gobiernos, continuó, deben establecer políticas públicas que den "reglas claras, sin trabas burocráticas y con marcos estables para las inversiones", mientras que la actitud de las empresas debe dirigirse a poner en marcha proyectos beneficiosos para los países y las personas, con una activa política de responsabilidad social corporativa. "No podemos ser percibidos como empresas que sólo quieren ganar dinero, sino también como creadores de bienestar social", dijo. En la misma línea, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló que las inversiones empresariales buscan "países seguros con estabilidad jurídica" y señaló que las compañías españolas continuarán su actividad inversora en la región donde se ofrezca esa seguridad normativa. Las empresas españolas han realizado unas inversiones netas totales en Latinoamérica de 7.800 millones de euros anuales de media entre los años 1993 y 2000 y de 4.300 millones al año en el periodo 2001-2006, según destacó el presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido, en su intervención