Banca y capital riesgo quieren mayor papel en la reforma infraestructuras EEUU

Las empresas que desean construir, financiar o gestionar autopistas y otros activos de transporte encontraron un aliado en la Administración Bush, que defendió los esfuerzos de privatización y se opuso a las propuestas de aumento de los impuestos a la gasolina con el fin de obtener ingresos para financiar proyectos de transportes. Pero sigue sin estar claro cuál será la postura de la Administración Obama en este tema. Podría haber indicios de esta el miércoles, cuando Ray LaHood, nombrado por el presidente Barack Obama para dirigir el Departamento de Transporte, comparezca ante el Senado durante su sesión de confirmación.

Los fondos de capital riesgo tienen pocas cosas a su favor. Los crecientes déficit y los menores ingresos por los impuestos a la gasolina han obligado a muchos estados a reducir el gasto en transportes, aunque todo el mundo admite que Estados Unidos necesita actualizar sus vetustas y colapsadas autopistas y los sistemas de tránsito. El plan de estímulo económico respaldado por Obama aportaría unos US$43.000 millones en inversiones directas para carreteras, sistemas de tránsito, puentes y aeropuertos, bastante menos de lo que muchos de sus partidarios esperaban.

Los grupos de presión empresariales también destacan que Obama apoya la creación de un Banco Nacional de Infraestructuras que podría apalancar fondos federales con inversiones privadas.

Chicago ha liderado las operaciones de privatización de proyectos de transportes. El alcalde de la ciudad, Richard Daley, ha firmado en los últimos meses acuerdos con grupos privados para gestionar el aeropuerto de Midway y los parquímetros del ayuntamiento. A cambio de pagos por adelantado, la ciudad permite a varios grupos privados gestionar activos de transportes durante un periodo predeterminado.

Estos acuerdos ofrecen la perspectiva de beneficios predecibles y regulares para los inversores. Pero muchas propuestas de privatización de autopistas, como la del año pasado para la Pennsylvania Turnpike, han generado controversia entre legisladores y grupos de consumidores, que temen un encarecimiento de los peajes.

Los grupos privados confían en que la ley de estímulo incluirá incentivos para los estados que trabajen con bancos y otros grupos de inversión a la hora de elegir qué proyectos financiar, pero esto podría no ocurrir, ya que la ley se centra en proyectos de rápida rentabilidad. Los bancos podrían tener más oportunidades de convencer a los gobernadores con necesidad de efectivo de que recurran al capital privado para financiar proyectos de transportes.