El accionista, el amante en la relación entre Estado y la CAM

La inyección de capital público en cualquier entidad bancaria hace tambalear el futuro de hasta el más fuerte. Lleva consigo acarreado el desprestigio internacional en los mercados y las caídas bursátiles, tal y como ocurriera con HBOS, Lloyds y Royal Bank of Scotland con la entrada de dinero público. Por aquel entonces registraron pérdidas de hasta un 5% en los días posteriores al rescate. Por no mencionar el caso de Fortis, que cedió hasta un 77% el primer día que volvía a los mercados después de su intervención. Y con esto ya viene la primera penalización para los accionistas. Pero es que les pueden caer palos hasta por donde menos se lo esperan.

Lo llamativo de estos casos es que la ética también entra en el juego de la economía. No está nada bien visto que un banco siga repartiendo dividendo entre sus accionistas cuando ha sido salvado por el estado. Cinco años deberán esperar los accionistas de HBOS, Lloyds y Royal Bank of Scotland para volver a percibir dividendos; y la misma situación se repite en Barclays y el estadounidense Sovereign tras la intervención pública en su balance.

¿Pero sucede con la CAM?
Evidentemente, la situación es bien diferente. Las cajas, por su condición de públicas, no cotizan en Bolsa, lo que no impide que tengan cuotas participativas repartidas entre sus inversores.

En este caso, la Caja de Ahorros del Mediterráneo colocó, por primera y única vez, cuotas participativas en julio de 2008 a un precio de referencia de 5,84 euros. Lo cierto es que los pequeños inversores que apostaron por la CAM en aquel entonces huyeron –y de qué manera- de las bandadas del Ibex 35 cuando caía en Bolsa más de un 10%.

Ahora, con la reestructuración del sistema financiero tienen las horas contadas. Las cajas que se conviertan en bancos cotizados deberán convertir sus cuotas participativas en acciones y aquellas que no lo hagan tendrán, o bien serias dudas de supervivencia, o pocos incentivos para ser utilizadas porque han pasado a ser casi una vía obsoleta para obtener rentabilidad.

El Estado ahora baraja dos opciones: su intervención inmediata, la más traumática para la CAM sin duda, o la absorción por parte de otra entidad, algo menos que probable teniendo en cuenta que las primeras estimaciones apuntan a más de 2.500 millones de euros para cumplir con el ráting de solvencia exigido por Moncloa.

A esta hora, las cuotas participativas están cayendo un 25% en subasta. Son más del doble las acciones que están a la venta que las de compra y nadie se pone de acuerdo. El precio ofrecido por los compradores y al que están dispuestos a deshacerse de ellas los vendedores no encuentra un punto medio. En este momento, existen 79.186 órdenes de compra y 79.032 de venta a un precio que oscila entre los 5 y los 5,5 euros.

Si hacemos caso a la Historia, como ya sucediera con CCM y Cajasur, los pasos, dada por segura una intervención pública, pasarían por una inyección de liquidez por parte del Banco de España, el saneamiento del balance y, por último, la subasta de activos. Los compradores, por su parte, podrían optar a ayudas públicas ante un posible impago que las primeras estimaciones cifran en el entorno de los 70.000 millones de euros.