El Juzgado requiere más información a Martinsa antes de decidir si procede a declarar la suspensión de pagos

El Juzgado de lo Mercantil ha otorgado a la empresa un plazo de diez días hábiles para aportar la información complementaria y así poder dictar un auto en el que el juez determinará si la declaración de suspensión de pagos es procedente o no. En caso de que el concurso de acreedores sea admitido, el auto del juez designará los administradores concursales, que deberán elaborar un informe sobre la situación financiera del grupo, que según sus propios datos, cuenta con un patrimonio inmobiliario valorado en unos 14.800 millones de euros pero actualmente soporta una deuda de 5.100 millones. De la plantilla de 880 empleados con los que cuenta actualmente Martinsa-Fadesa, poco más de 200 empleados permanecen en la sede social de A Coruña de la empresa. El expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por la inmobiliaria afectará en la comunidad gallega a 72 trabajadores, 12 más de los que los que se había comprometido con la Xunta, ya que la empresa alega que estos afectados a mayores cesan en su relación laboral por terminarse las obras en las que trabajaban.