Las constructoras dispuestas a arrimar el hombro en un plan de 30.000 millones

De esta forma pretenden "asumir menos riesgos" y cuenten con el respaldo de las entidades financieras, aseguró hoy en rueda de prensa el presidente de la patronal, David Taguas.

Según argumenta, las ocho primeras constructoras españolas han desarrollado el 46% de las infraestructuras realizadas con financiación privada del mundo, con lo que perfectamente pueden acometer un plan de este tipo en España.

"Algún problema debe haber si no se hace lo mismo en España. Quizá no tenemos un marco regulador tan moderno y competitivo como nuestras empresas", apuntó Taguas en rueda de prensa.

La inversión extraordinaria de obra pública que propone Seopan, equivalente a un 1% del PIB anual, duplica a la de unos 15.000 millones de euros que sopesa el Ministerio de Fomento. Según Taguas, el plan permitiría generar unos 185.000 nuevos empleos, entre directos e indirectos, sólo en el primer año.

IMPLICAR A LOS BANCOS.

Por ello, instó al Gobierno a establecer un marco adecuado para poder ejecutar este plan. "Las empresas tienen capacidad para endeudarse y para acometer obras en concesión siempre y cuando el marco regulatorio lo permita, para que los bancos entren a financiar. No es sólo un problema de las constructoras", apuntó.

Entre las medidas que el sector demanda figuran la concesión de avales estatales para las constructoras que participen en el plan, la concesión de créditos participativos y eliminar riesgos, esto es, "que durante la fase de construcción de una infraestructura que es 'de todos' el riesgo lo asuma el Estado y no la empresa".

Así, el plan de Seopan pasa por financiar un tercio de los 30.000 millones con los presupuestos públicos y destinarlo a "anticipar" obras de carreteras y ferrocarril ya en construcción o de próxima licitación.

Otro tercio se abonaría mediante el denominado 'metodo alemán' (el Estado paga a la constructora la obra cuando la recibe construida), una vez mejorado en cuanto al reparto de riesgos y articulando los pagos a partir de 2012.

Los otros 10.000 millones se costearía mediante distintos sistemas concesionales (la constructora recupera la inversión explotando la infraestructura de carretera o ferrocarril que construye).