Paulson debate sobre segunda inyección al sistema financiero

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, está debatiendo si solicitar o no al Congreso la segunda parte del paquete de rescate financiero por 700.000 millones de dólares, inquieto por las demás solicitudes en competencia por los fondos y una posible reacción hostil de parte de los legisladores. El dilema de Paulson se agudizó el martes tras un informe de la Oficina Gubernamental de Responsabilidad [o GAO, por su sigla en inglés], la división de investigación del Congreso, que criticó la forma en que el Departamento del Tesoro ha manejado el Programa de Asistencia a Activos con Problemas, o TARP. Además de la amenaza de los legisladores de rechazar la solicitud por más dinero, Paulson también lidia con la confusión que provoca la transición hacia una nueva administración.

03 Diciembre 2008 - 14:25

Actualizado a las 00:00

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La inquietud política y práctica también se suman al debate. Mientras Paulson desea dirigir más fondos hacia las instituciones financieras, el Congreso tiene ideas propias, incluida la asistencia financiera para el sector automotor y para los dueños de viviendas en problemas, dos ideas a las que Paulson se ha resistido.

En su informe, la GAO señaló que el Tesoro no ha desarrollado aún una manera de asegurar que las firmas que reciben los fondos federales estén cumpliendo con los límites a dividendos o compensaciones a ejecutivos. Además, los funcionarios deben aún enfrentar problemas críticos, como la forma de asegurar que la inyección de 250.000 millones de dólares al sistema bancario "esté logrando los objetivos buscados".

El informe sugirió que el Tesoro tiene poca capacidad de monitoreo sobre potenciales conflictos de intereses entre contratistas independientes que ayuden a implementar el programa. Como resultado, existe un "mayor riesgo de que los intereses del Gobierno y los contribuyentes no logren ser adecuadamente protegidos y que los objetivos del programa puedan no ser logrados de manera eficiente y efectiva".

Los problemas se deben en parte a la rápida implementación del TARP y a una falta de personal para el programa. El informe indica que alrededor de 48 empleados habían sido asignados al TARP al 21 de noviembre, sólo un cuarto de los 200 empleados a tiempo completo que la GAO señaló podrían requerirse para implementar en forma adecuada los esfuerzos de rescate.

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