Sacyr satisfecha con el fallo de tribunal galo sobre su pugna con Eiffage

Sacyr Vallehermoso asegura que se siente 'satisfecha' con la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de París que anula la obligación por su parte de lanzar una OPA sobre el 100% de Eiffage en dinero efectivo. Sin embargo, la decisión tampoco reconoce la validez de su propuesta de oferta mediante canje de acciones al entender que hubo concertación. La constructora española reitera su confianza en la justicia francesa.

En la sentencia, el Tribunal considera que hubo concertación a pesar de las protestas por parte de los interesados en sentido contrario, por lo que la decisión de AMF es acertada cuando no consideró válida la oferta de canje presentada por Sacyr ya que 'en estas condiciones no respetaba los principios de transparencia y de lealtad' exigidos por ley. Para el Tribunal no se trata de 'un simple paralelismo de comportamiento sino una iniciativa colectiva organizada'. Orígenes del contencioso En abril de 2007, Sacyr propuso la compra de la totalidad de las acciones de Eiffage con un ecuación de canje de 12 títulos propios por 5 de la francesa, con la condición de alcanzar una tasa de aceptación del 60%. Por aquel entonces, Sacyr ostentaba ya más del 33% del capital de Eiffage, mientras otros accionistas españoles tenían participaciones relevantes. Rayet ostentaba un 4,21%; el presidente de Inmocaral, Luis Portillo, un 5%, además de Alicia Koplowitz, el presidente de Grupo 2002, José Carabantes, y el presidente de Restaura, Xavier Solano, que sumarían un paquete de entre 5% y 9% del capital. AMF vulneró el derecho a la defensa de Sacyr En lo que respecta a la OPA, el tribunal opta por una argumentación diferente. Considera que la decisión de AMF es una conminación y que por tanto derivaba en una obligación de presentar explicaciones por parte de los interesados. Al no hacerlo, AMF vulneró su derecho de defensa. Además considera válido el recurso presentado por seis accionistas minoritarios en Eiffage, acusados de actuar de consenso. La decisión de la AMF es 'susceptible de afectar su situación jurídica', por lo que tienen un interés legítimo en impugnarla.

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