Sector discrepa ante la eliminación de la desgravación por compra de vivienda

El secretario general del G-14, Pedro Pérez, indicó que la desgravación fiscal por compra de vivienda había perdido su carácter de incentivo a la demanda, al haberse convertido en "un elemento permanente que actuaba igual cuando la demanda era exuberante que cuando se caía al suelo". Pérez consideró que esta medida va en línea con la petición que realizó su grupo al Gobierno para que aumentara de forma transitoria y definida en el tiempo la desgravación fiscal a la compra de vivienda durante tres años.

En este sentido, indicó que "toda medida que pueda ayudar a recuperar la demanda y producción de vivienda es buena para el empleo y para la situación económica del país". En el lado opuesto se situó el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, que calificó el anuncio de "decepcionante" y de "estimulo negativo" porque no va acompañado de medidas que realmente incentiven la compra de una vivienda. En su opinión, la gente se lanza a la adquisición de una vivienda cuando tiene confianza en que mantendrá su empleo o si se le facilita el acceso al crédito, condiciones que por ahora no se dan.

"Amenazar" con que en 19 meses se restringirá la desgravación por vivienda no es suficiente para reactivar la demanda a corto plazo, añadió Galindo, quien confió en que en lo que resta de debate se anuncien medidas adicionales. Auguró que, de lo contrario, los usuarios esperarán hasta última hora para comprar una vivienda y advirtió de que en ese momento no habrá capacidad para absorber el excedente de viviendas existente, aunque todo dependerá de la coyuntura económica que haya.

En el mismo sentido, el director del área de investigación del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, consideró "muy negativa" la eliminación de las deducciones por vivienda ya que "retrasará más la inversión en inmuebles" y no contribuirá al ahorro del Estado.

Pérez criticó que esta medida "desincentivará totalmente" la adquisición de vivienda por parte de "quienes pueden hacer inversión inmobiliaria", entre ellos, aquellos que forman parte de la clase media aunque cuentan con rentas anuales superiores a los 24.000 euros.

Además, esta medida "paralizará o complicará más" las cuentas públicas puesto que a su juicio no implicará ahorro del Estado, ya que "mejorando los beneficios fiscales a la compra de vivienda generamos más ingresos fiscales para el Estado", como se ha demostrado en los años de bonanza, pero también de crisis económica.