Solbes espera que la denuncia de Iberdrola contra EDF contribuya a la apertura del mercado energético

La eléctrica española ha protestado a la Comisión por los derechos especiales en EDF del Estado francés -que controla el 85% de la compañía-, al considerar que, en la práctica, supone un blindaje de la compañía frente a las empresas extranjeras. Para Iberdrola, la normativa francesa vulnera los principios comunitarios de libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento. En opinión de Solbes, con esa denuncia Iberdrola intenta poner de relieve el desequilibrio en el mercado eléctrico europeo, donde el "campo de juego" no es el mismo para todas las compañías. Así, hizo hincapié en que "hay empresas que son opables y otras que no" y, mientras algunas tienen una separación efectiva de la propiedad de sus distintas actividades, hay otras que no, a lo que se une que no hay un comercio interior liberalizado, debido al escaso desarrollo de las interconexiones. Dado que en la UE rigen los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento, el resultado es un sistema "en gran medida desajustado", explicó el vicepresidente en una pausa de la reunión del Ecofin (Consejo de Ministros de Finanzas de la UE). Por eso, si la protesta de Iberdrola ante la Comisión sirve para impulsar una reflexión global sobre la energía y se avanza hacia "un mercado más abierto, más común y más eficiente", con precios más baratos para empresas y consumidores, "bienvenida sea", insistió el ministro. Preguntado sobre si el Tribunal de Justicia de la UE debe aplicar esa misma doctrina en la sentencia que dictará el jueves sobre los obstáculos que el Gobierno español impuso a la opa de E.ON sobre Endesa, Solbes señaló que, en ese caso, los jueces tendrán que tomar en consideración los argumentos jurídicos planteados por las partes. Subrayó que la reflexión sobre la denuncia de Iberdrola "es mucho más política y va más dirigida a la Comisión Europea que a los tribunales". Estos deben, por su parte, actuar en base a la normativa en vigor, aunque recordó que, en algunos casos, la legislación plantea "algunas contradicciones".