El clima institucional en Bruselas ha cambiado tras las elecciones de mayo de 2024 debido a una aritmética parlamentaria nunca vista. A la tradicional mayoría proeuropea formada por populares, socialistas, liberales y verdes, se le une una nueva mayoría alternativa formada por los populares y diferentes partidos a su derecha, incluyendo grupos populistas y euroescépticos, llamada mayoría Venezuela, por el primer voto ganado por esta coalición sobre las elecciones presidenciales en este país.
La posibilidad del Partido Popular Europeo (PPE) de articular mayorías a su izquierda o a su derecha está teniendo un impacto dramático en el output regulatorio de la UE en el que la pulsión desreguladora de la Comisión, motivada por el informe Draghi y la presión de sectores industriales y políticos, ha resultado en el uso continuado de diferentes paquetes ómnibus de simplificación regulatoria.
Esta dinámica tiene un claro impacto político-institucional: para desregular el PPE vira naturalmente hacia su derecha para conseguir acuerdos, mientras que los partidos a su izquierda preferirían centrarse en la profundización del Mercado Interior. Como prueba fehaciente, la posición del Parlamento Europeo sobre el primer ómnibus de simplificación administrativa sobre las controvertidas directivas de sostenibilidad corporativa CSRD y CSDD (el núcleo de la legislación europea sobre normas ambientales, sociales y de gobernanza- ESG) fue aprobada por una mayoría Venezuela, que resultó en un acuerdo final con el Consejo que rebaja notablemente el nivel de burocracia preexistente.
Ante esta perspectiva, se espera un resultado incierto en la legislación energética de la UE, pues la mayoría de las directivas y reglamentos dentro del Fit for 55 van a ser revisados, incluyendo la directiva de renovables (REDIII). La tensión entre descarbonización y competitividad existe, pero el contexto global, en especial la guerra de Irán pone de manifiesto que la seguridad de suministro, la autonomía energética y la asequibilidad son igualmente prioritarias. En esta ecuación la promoción de la energía renovable va a continuar en lo alto de la agenda europea, pero de una manera matizada.
No se espera pues que el hidrógeno verde, pilar de la transición ecológica de la UE, se ponga en cuestión, a pesar de que sólo una fracción de los proyectos anunciados para 2030 tenga hoy una viabilidad operativa clara. Las principales barreras a su consolidación se deben a la limitada demanda industrial (falta de offtakers) y a los retrasos en la transposición de la REDIII en Estados Miembros, factores que han paralizado diversas decisiones finales de inversión (FID), con alguna sonada y positiva excepción en nuestro país.
En el sector del transporte, el pragmatismo ha moderado la postura frente al anunciado fin del motor de combustión interna. El nuevo paquete de automoción propone flexibilizar la prohibición de 2035, permitiendo en principio que hasta un 10% de las emisiones se alcance mediante el uso de e-fuels y biocombustibles. Esta apertura tecnológica busca prevenir una desindustrialización descontrolada con impacto en Estados Miembros clave.
En general, el nuevo enfoque de la Comisión pretende mantener los objetivos climáticos a largo plazo, con el objetivo de neutralidad carbónica en 2050 (0% de emisiones netas) inalterado, mientras que la manera de alcanzarlos se verá seguro modificada. Como ejemplo palmario de este nuevo pragmatismo europeo, el acuerdo sobre el objetivo intermediario en 2040, alcanzado en diciembre pasado, mantiene el 90% como objetivo final pero facilita y hace menos oneroso su cumplimiento al permitir la consecución de un 5% a través del uso de créditos internacionales.
Esta nueva realidad se traducirá para las empresas en una mayor facilidad para cumplir con la reglamentación europea, aunque al tiempo les exponga a una mayor incertidumbre regulatoria, generada por un Parlamento Europeo menos predecible y un Consejo sin liderazgos claros, que llevarán sin duda a resultados legislativos inesperados.
