Un fuerte respaldo a los inversores en clima
El 16 de agosto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó su proyecto de ley sobre el clima y fiscal. La ley sobre reducción de la inflación (Inflation Reduction Act o IRA) es un paso importante que garantiza un apoyo crucial a las tecnologías verdes.
Se espera que la Ley recaude 737.000 millones de USD, 369 de los cuales se dedicarán a programas climáticos y energéticos en los próximos 10 años. Se concederán créditos fiscales para energía solar y eólica y se introducirán otros nuevos para energía nuclear, almacenamiento de energía e hidrógeno. También se contemplan créditos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, lo que favorecerá las soluciones de energía ecológica.
En cuanto a la energía eólica, el crédito fiscal se incrementará de 15 USD por MWh a 25 USD y se aplicará a proyectos iniciados hasta 2026. En proyectos solares, se introducirá un crédito fiscal de 25 USD por MWh con 10 años de vigencia, algo especialmente reseñable porque constituye un compromiso a largo plazo que es especialmente importante para la construcción de proyectos solares a gran escala. La energía solar también verá incrementado su crédito fiscal por inversión del 25% al 30%.
En energía nuclear, se asignarán nuevos créditos fiscales que se activarán cuando los precios de la electricidad desciendan por debajo de un umbral especificado. Aunque no es aplicable a los precios actuales, sin duda reduce el perfil de riesgo de los proyectos y garantiza una mayor certeza de los flujos de caja.
El “hidrógeno verde” (hidrógeno generado por energía solar o eólica) podrá competir con el “hidrógeno gris” (hidrógeno generado por gas) en términos de precios gracias al crédito de 3 USD/kg para generación con cero emisiones de carbono. En hidrógeno con producción de carbono, hay una escala de subvenciones gradual basada en el nivel de emisiones.
El almacenamiento de energía recibirá un nuevo crédito fiscal por inversión en almacenamiento individual. Quienes compren vehículos eléctricos nuevos podrán recibir 7.500 USD en créditos fiscales, lo que constituye un considerable incentivo.
Todas estas medidas son una buena noticia para los inversores en clima. La legislación tendrá un efecto directo en varias de nuestras inversiones, como turbinas eólicas, paneles solares, transmisión de electricidad, baterías y captura y almacenamiento de carbono. El crecimiento de estas tecnologías también generará un círculo virtuoso que hará aumentar la escala y la actividad de I+D, lo que dará lugar a soluciones aún mejores y más competitivas y fomentará la demanda. Dicho todo esto, la legislación adolece de algunos defectos.
Más de lo mismo, por favor…
La atención a las cuestiones climáticas prestada por el proyecto de ley del presidente Joe Biden es significativa pero insuficiente. A escala mundial, hay que dedicar 4,7 billones de USD al año en los próximos 28 años para cumplir los objetivos climáticos de 2050. Teniendo en cuenta la actividad económica de EE.UU. según su cuota del PIB global, el país tendría que invertir algo más de 1 billón de USD anuales para abordar adecuadamente el cambio climático.
Esto supone que el gasto total en clima (369.000 USD) de la Ley, calculado en base anual, no es más que una fracción del gasto necesario. Si nos atenemos al principio del Acuerdo de París, según el cual los países más ricos deben contribuir en mayor medida porque sus medios financieros son mayores y son responsables de emisiones históricamente más altas, EE.UU. tiene que hacer más. Desde luego, no todo el gasto en cuestiones climáticas ha de proceder de subvenciones públicas; el sector privado también debe poner de su parte. Sin embargo, la escala del proyecto de ley no va a ser suficiente para que cumplamos nuestros objetivos de 2050.
El gasto de EE.UU. también va a la zaga del de China y la UE. Según Bloomberg NEF, el año pasado China dedicó 297.000 millones de USD de gasto a la transición energética y los países miembros de la UE emplearon un total de155.000 millones. El “Acuerdo Ecológico” estadounidense de 2 billones de USD, aprobado en 2020, distribuirá un 30% del presupuesto (612.000 millones de USD) en el periodo 2021-2027 y no incluye inversiones y subvenciones individuales de los estados miembros. EE.UU. todavía tiene que hacer más, y creemos que hay muchas probabilidades de que lo haga.
Confusión política
La Ley también contiene aspectos conflictivos. En política hay que hacer compromisos, y la concesión al senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, de respaldar el proyecto “Mountain Valley Pipeline” de transporte de gas natural y la asignación de cerca de 243.000 km2 de aguas públicas para su venta a empresas de petróleo y gas antes de que el gobierno federal pueda aprobar cualquier nuevo proyecto eólico de aquí a 10 años indica la dureza de las negociaciones entabladas.
La reducción de emisiones prevista por la IRA significa que Joe Biden no ha cumplido del todo su promesa. El Presidente se había comprometido a reducir las emisiones en un 50%, pero afirma que con su plan se logrará un 40% (y el porcentaje nos parece algo optimista). Aunque suponga recorrer una parte del camino, este incumplimiento por parte de la nación más poderosa e influyente del mundo podría utilizarse como excusa para que otros países no cumplan sus propios compromisos. El gobierno estadounidense tiene que cerrar esa brecha.
Una de las omisiones más significativas del proyecto de ley se refiere a los precios del carbono. Un impuesto al carbono es un primer paso lógico para combatir las emisiones, ya que establece un precio para el dióxido de carbono y transfiere la carga de las emisiones de gases de efecto invernadero a sus responsables, que son quienes pueden evitarlas. Tanto los planes de la UE como los de China incluyen precios del carbono.
Otro de los puntos flacos de la Ley es que, para hacerse acreedor de la subvención a vehículos de batería, los materiales de las baterías deben proceder de países que tengan acuerdos de libre comercio con EE.UU. Esta condición diluirá el efecto de la política.
No es el momento de cantar victoria
El proyecto de ley sobre el clima es un logro; es justo reconocer que representa un gran paso adelante de la mayor economía del mundo hacia la consecución de los objetivos climáticos. También imprime un impulso sustancial de varios años a una serie de tecnologías del clima que podría generar un ciclo positivo de desarrollo, menores costes y mayor demanda. Sin embargo, la política es solo un paso en el contexto de una batalla climática más amplia.
La actividad política está llena de recovecos, pero las autoridades del mundo ya están empezando a respaldar los discursos con actuaciones. La tendencia es muy positiva y apunta a un incremento de la frecuencia y el alcance de las políticas climáticas.
